por NEREIDA CEA
La Unión Europea considera que el problema de la desinformación es una amenaza para la libertad y la democracia en los países miembros. Ante este reto, ha reforzado su marco normativo gracias a la aprobación del Código de Buenas Prácticas y la Ley de Servicios Digitales que, aunque no es una norma específica para regular los desórdenes informativos, ciertamente también en este ámbito se espera tenga un gran efecto al restringir los contenidos ilícitos y limitar los beneficios que estos generan mediante ingresos publicitarios. Así lo consideran las profesoras María Jesús Fernández y Mª Nereida Cea, en el trabajo presentado al III Congreso Internacional de comunicación y medios audiovisuales en España y Latinoamérica, celebrado el 23 y 24 de marzo.
La reciente aprobación de estas dos medidas supone la culminación de un periodo de casi un lustro de avance progresivo en la adopción de diferentes iniciativas aprobadas por parte de la Unión Europea para combatir la desinformación. A partir de este momento, se cuenta con un marco regulatorio que limita la propagación de noticias falsas y “otorgan al organismo europeo un nuevo e inédito papel de supervisor con potestad para sancionar”, concluyen Fernández y Cea, investigadoras pertenecientes al proyecto El Impacto de la Desinformación en el Periodismo: Contenidos, Rutinas Profesionales y Audiencias.
La investigación realizada muestra la evolución del marco normativo europeo, a través del estudio de 34 textos, lo que permite concluir el contundente avance prescriptor de las medidas adoptadas. Las profesoras destacan la singularidad de la visión europea, al incluir en su marco normativo un abordaje conjunto del problema de la desinformación, que combina la obligatoriedad de transparencia por parte de las plataformas, los programas de fortalecimiento del periodismo de calidad y el refuerzo de la alfabetización mediática en la sociedad civil.
